De un total de 58 denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de Veracruz ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos actos de corrupción, ninguna ha sido judicializada hasta ahora.
Según el Informe Anual de Actividades y Resultados 2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, el Gobierno de Veracruz – la segunda institución en el país con más denuncias formuladas ante este organismo, luego de la Secretaría de la Función Pública– registra un acumulado de 58 expedientes, que representa el 4.83 por ciento de un total de 1 688 carpetas de investigación iniciadas en los años 2019, 2020 y 2021.
Dentro las denuncias presentadas por parte de la administración estatal, hay 27 carpetas de investigación iniciadas en contra de servidores públicos que pertenecieron al Gobierno del Estado de Veracruz y 17 de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Entre los principales delitos denunciados ante la FGR, por parte de instituciones federales y estatales, destacan el peculado, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el ejercicio ilícito del servicio público, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, el citado Informe presentado ante el Senado, el pasado 11 de marzo, refiere que se tiene un registro de 662 carpetas de investigación determinadas, de las cuales sólo 22 han sido remitidas ante un juez.
Pero, de acuerdo con información proporcionada a una solicitud de transparencia, con fecha 22 de marzo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reportó que durante el periodo marzo de 2019 al 22 de febrero de 2021, se habían contabilizado 1 637 carpetas de investigación en trámite, de las cuales 19 han sido judicializadas.
De los registros oficiales sobre estas carpetas judicializadas, tres corresponden a denuncias realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP); siete denuncias son de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, mientras que nueve expedientes se clasificaron sin registro de dependencia denunciante.
En estas 19 carpetas de investigación figuran como imputados 18 servidores públicos y un particular.
