En la necropsia de Gustavo Ortíz se lee: “muerte por hemorragia aguda masiva derivada de contusión profunda en el abdomen”. Ese término forense, Julia Hernández lo grita a su manera frente al palacio de gobierno de Veracruz: “A mi hijo policías lo reventaron a golpes”.
Gustavo Ortíz Hernández, de 36 años y originario de Misantla, fue declarado muerto el pasado 24 de octubre alrededor de las 15:30 horas. El lugar de su deceso es otro dato escalofriante asentado en documentos oficiales: “al interior del cuartel de San José”, en la capital, Xalapa.
Familiares de “Tavo” -dueños de un vivero y dedicados a la venta de ropa en bazares- exigieron al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que se investigue a policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quienes acusan de la muerte del menor de cinco hermanos.
“Quiero que (a los policías) los metan presos y paguen la muerte de mi hijo. Lo mataron a puro golpe, lo reventaron. Quiero que cierren el cuartel de San José. López Obrador dijo que no quiere corruptos (y ahí) hay pura gente corrupta. Mi hijo no es el único caso”, reprocha Julia Hernández, quien ha llevado a la protesta en Plaza Lerdo el féretro de Gustavo.
En menos de seis meses (entre mayo y octubre de 2020) suman dos casos similares al de Gustavo Ortíz. Las dos víctimas fueron detenidas por policías estatales, llevados a los separos de San José y declarados muertos en ese edificio, con lesiones en sus cuerpos.
El dos de mayo pasado murió en el cuartel de San José, Andrés Navarro, xalapeño de 33 años, rapero, diseñador y serigrafista. Tras 24 horas detenido su cadáver fue entregado a familiares con visibles golpes en el pómulo derecho y en la frente; sus pupilas estallaron debido a que, se presume, fue asfixiado.
