Siete elementos del ejército mexicano involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de la matanza de Tlatlaya del 2014 fueron aprehendidos de nuevo, luego de ser absueltos hace años, y están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“El Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses, como denunciamos desde el Centro Prodh. Hoy trasciende que ha sido cumplida”, reportó este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron ejecutadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital mexicana.
Según las primeras versiones ofrecidas por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con militares.
Pero esta versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien asevero que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos encontrados en el suelo de la bodega.
Según recordó este jueves el Centro Prodh, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra siete militares por el asesinato de ocho personas, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “en todo momento negó la existencia de ejecuciones”.
“Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016”, mencionó la ONG.
En 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado.
Por último, el Tribunal Unitario ordenó el arresto de estos presuntos siete militares. Una decisión que tardó 16 meses en producirse, pero que finalmente “ha sido cumplida”.
La nueva captura “de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”, finalizó el Centro Prodh, que pidió que se determine “cabalmente” cuántas víctimas dejó el suceso y se investigue “la cadena de mando”.
Estos militares detenidos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.
