Continua latente la violencia electoral en México y desde septiembre de 2020, cuando iniciaron los periodos de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido ejecutados, indicó la organización Causa en Común.
Los informes, recabados por Etellekt Consultores, corresponden al periodo del 7 de septiembre de 2020 (cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio comienzo al proceso electoral) al 20 de marzo de 2021, y fueron expuestos durante el seminario “Violencia política en México en periodo electoral”.
En México se vivirán las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, donde serán 94 millones de votantes que están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos.
En el periodo electoral de 2018, fueron 152 los políticos ejecutados contabilizados por Etellekt.
Asimismo, Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia, otra consultoría participante, la violencia electoral “es un problema muy grave que requiere atención inmediata porque vulnera la capacidad de la ciudadanía para elegir a los mejores candidatos”.
Se atribuyó la violencia contra los políticos al crimen organizado y a los posibles vínculos que tienen con autoridades en algunas regiones, especialmente locales.
De los 139 políticos y servidores públicos ejecutados en el periodo referido, un 65 por ciento permanecían con gobiernos municipales -90 de los casos-, un 20 por ciento con gobiernos estatales -28- y un 15 por ciento con el Gobierno federal -21-.
La entidad que cuenta con las peores cifras es el oriental estado de Veracruz, que acumula el 12 por ciento de los homicidios, con 12 políticos y cinco servidores públicos asesinados.
También, se registraron un total de 238 agresiones en contra de políticos, con 218 víctimas: 61 fueron asesinados y 71 recibieron amenazas, entre otras situaciones.
Además, de las 61 mujeres asesinadas en la política, 18 aspiraban a puestos de elección.
Este 4 de marzo pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la “Estrategia de protección en contexto electoral”, que tendrá mesas de labor entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo, y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.
En el plan colaborarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación (Segob), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, Morera consideró sobre esta estrategia que debería ser integral y más profunda, y cuestionó las capacidades del Gobierno mexicano.
De hecho, desde que el Ejecutivo federal comunicó su estrategia de seguridad para los candidatos, han sido asesinados seis aspirantes a alcaldía de distintos partidos.
