Hasta el momento solo 11 entidades del país han modificado sus leyes locales para cumplir con la reforma que obliga a los poderes judiciales a publicar versiones públicas de todas sus sentencias, según un reporte elaborado por las Comisiones Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
