Las autoridades judiciales de Bolivia decretaron ayer prisión domiciliaria bajo custodia policial al comandante de las fuerzas armadas, el general Alfredo Cuéllar, acusado de asesinato durante la matanza de Sacaba, ocurrida en noviembre de 2019 durante las manifestaciones en apoyo al depuesto presidente Evo Morales, que dejó 11 víctimas.
Cuéllar, quien fue detenido el martes, aseguró ante la fiscalía de Sacaba, en Cochabamba, que durante aquellos días sólo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto al mando.
El fallo le prohíbe comunicarse con otros testigos e implicados en el caso y lo obliga a acudir a la sede de la fiscalía de Sacaba dos veces por semana para firmar, así como a abonar una fianza de 250 mil bolivianos (unos 726 mil pesos mexicanos).
Cuéllar es el primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 a consecuencia de las protestas surgidas cuando la cúpula militar conminó a Morales a renunciar luego de que la ultraderecha alegó fraude, sin presentar pruebas, en los comicios en los que el líder indígena ganó un cuarto mandato. La Organización de Estados Americanos avaló esas denuncias. De la docena de víctimas por los hechos en Sacaba, al menos ocho murieron por impactos de bala de la fuerza pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos incidentes y los de las protestas en Senkata, en La Paz, de masacres
, al dejar más de 25 fallecidos y un centenar de heridos.
Tomados por sorpresa, algunos miembros del ejército calificaron de desconcertante
la decisión tomada por la fiscalía de Cochabamba de detener y acusar a Cuéllar.
Como fieles cumplidores de la ley estaremos a la espera de los resultados finales de las investigaciones que se están efectuando
, afirmó el miércoles el comandante de las fuerzas armadas, el general Jaime Zabala, quien ha defendido la actuación del ejército siguiendo las directrices del alto mando y no con formas arbitrarias
.
En otro tema, el dirigente cocalero Faustino Yucra acusó el jueves a Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno de Bolivia, de estar detrás del intento de chantaje que sufrió tras su detención en abril, cuando a cambio de 200 mil dólares le pidieron inculpar a Evo Morales en el caso de los audios por los cuales el gobierno de facto de Jeanine Áñez lo acusó de terrorismo y sedición.
En la grabación, que hizo pública el gobierno de Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a cercar importantes ciudades de Bolivia durante las protestas del año pasado luego de la renuncia del ex presidente.
Yucra señaló directamente a Murillo, en paradero desconocido después de que huyó a Estados Unidos, de ser el responsable directo del intento de chantaje, por lo que adelantó que presentará una denuncia contra él ante la fiscalía.
