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Tras conocerse la confiscación de 48 mil millones de dólares a 23 mexicanos en Andorra, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera reclamar la devolución de esos recursos dependería de realizar una investigación para determinar si la decisión estuvo debidamente fundada y motivada.