Levantones, detenciones arbitrarias, torturas y “declaraciones espontáneas” de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son parte del derrumbe de la “verdad histórica” impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue diseñada y respaldada por personajes como Tomás Zerón y el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
El mal manejo de la investigación durante el gobierno de Peña Nieto derivó en que hasta la fecha 78 personas detenidas en el caso han sido liberadas debido a irregularidades en su detención y fallas en el debido proceso, incluyendo abusos graves como la tortura.
En una revisión de ContraRéplica del expediente del caso Iguala, actas de averiguación e informes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces PGR se evidencian que lo mismo policías federales, ministeriales, marinos y soldados detuvieron a los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas en operativos idénticos, con detenciones sin orden de aprehensión y que los detenidos declararon “espontáneamente” su responsabilidad en el crimen.
Todos los partes son idénticos: los encontraron tomando, los vieron y se echaron a correr, los aseguraron, se golpearon ellos mismos en el traslado. Empezaron a llorar y declararon que eran parte de Guerreros Unidos y que estaban “muy calientes las cosas” y que había participado en el asesinato y desaparición de los 43 normalistas.
En el extenso expediente de casi mil 200 cuartillas titulado Acta especial de evaluación técnico-jurídica practicada a la averiguación previa AP-PGR-SDHPDSC-O1-001-2015 radicada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR se expone la actuación en el caso Iguala de Blanca Alicia Bernal Castilla, agente del Ministerio Público y de diversos policías federales, marinos y soldados, entre otros, que detuvieron a los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
Por ejemplo, en el caso de Jorge Luis Poblete Aponte, detenido en Tepecoacuilco, Guerrero, el 25 de octubre de 2014 por su “actitud sospechosa” y declaró que estaba armado “ya que las cosas andaban muy calientes en la zona y que después de la detención de su patrón Sidronio Cassarrubias, Los Rojos se querían apoderar de la plaza”.
De forma “espontánea y sin ningún tipo de presión o tortura agregó en su declaración que pertenece a Guerreros Unidos y que además sabe que los andan buscando por lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa”.
Otro de los entonces detenidos, Salvador Reza Jacobo, de acuerdo con la investigación y testimonios de los elementos de la Armada de México que lo detuvieron el 27 de octubre de 2014 en Ahuatepec de Cuernavaca, Morelos, cuando se encontraba tomando bebidas embriagantes afuera de su domicilio cuando llegaron los marinos y le pidieron su identificación. En el traslado a bordo de los vehículos “venían golpeándose”.
“Manifestó de forma espontánea, casi llorando, que él no tenía culpa de nada, que sólo era halcón y que le pagaban 5,000 pesos por el citado trabajo” y que trabajaba bajo el mando de El Cepillo, sicario y jefe regional en Cocula y narró la forma en que recogieron los restos de los normalistas, los metieron en bolsas de basura y los tiraron al río Cocula.
En el acuerdo de retención de Agustín García Reyes, El Chereje, quien fue detenido por elementos de la Armada de México, se señala en el documento que “de forma espontánea manifestó pertenecer a la organización Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de los estudiantes a quienes quemaron en el basurero de Cocula”.
En el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR se expone la participación del entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien acompañado de otros funcionarios acudieron el 28 de octubre de 2018 junto con detenido conocido como El Chereje a las inmediaciones del río San Juan.
Se añade que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) refirió que de los videos de dicha visita al río San Juan se desprende que existió contacto con posible evidencia y se añade que “se han reunido pruebas bastantes para tener acreditada las probables conductas ilícitas perpetradas por servidores públicos de la institución”.
Cuando el GIEI emite su último informe es que inicia el escándalo centrado en Tomás Zerón, en abril de 2016, que es cuando se sube el video donde es visto en río San Juan, acompañado del El Chereje y se arma el escándalo por esa diligencia, esa reconstrucción de hechos se empieza a especular que se sembraron los restos de Alexander Mora.
Eso fue un día anterior a la diligencia con buzos, con gente de la Marina, que se metieron al río y encontraron la bolsa con restos. La especulación fue que se sembraron un día antes.
Ante este tipo de situaciones la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR inició una investigación por el tema Tomás Zerón y el rio San Juan; así como una evaluación técnico-jurídico del caso Ayotzinapa.
En el informe que se entregó a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez; es decir, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se señala que todas las detenciones del caso Iguala fueron de forma ilegal y arbitraria. Son levantones, no había ordenes de aprehensión, ni flagrancia. Los detuvieron con órdenes de localización y presentación y que sólo están autorizadas cuando el Ministerio Público pide que alguien declare en calidad de testigo como presentado, no como detenido.
En el caso de Sidronio Casarrubias, El Chino, quien es identificado como presunto autor intelectual del levantamiento y desaparición de los 43 en el expediente realiza señalamientos de puño y letra de cómo fue torturado.
El 16 de octubre de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en el Restaurant Fogón Do Brasil ubicado a la altura del kilómetro 40 de la autopista Toluca-México, a Cassarrubias, hermano del líder de Guerreros Unidos, en declaración preparatoria refirió, que antes de rendir su declaración ministerial en la SEIDO, “fue golpeado y asfixiado con el uso de una bolsa de plástico hasta quedar desmayado por los policías que lo aprehendieron y que al despertar se percató que tenía su ropa abajo y con indicios de haber sido víctima de violencia sexual”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dijo a ContraRéplica “la mayoría de ellos son responsables de la desaparición, pero por la nefasta investigación y procedimientos de detención que se realizó de ellos en el sexenio anterior es que prácticamente todos están libres. Son seis años de impunidad”.
