En su plataforma de campaña, Joe Biden incluyó un plan para “construir seguridad y prosperidad con el pueblo de Centroamérica”. Disponible en su página web, dicho plan busca supuestamente tomar distancia de la posición “insultante” de Trump en contra de los migrantes centroamericanos, quienes han sido tratados por el republicano, dice el texto, “como menos que humanos”. Reconociendo una crisis humanitaria en su frontera, Biden apostará por atacar los problemas de pobreza e inseguridad que detonan la migración del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Mientras el gobierno de Trump recortó la ayuda a Centroamérica, presionó a los países a recibir a solicitantes de asilo y se hizo de la vista gorda ante la corrupción y el autoritarismo, particularmente de los autócratas Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele; el futuro gobierno de Biden, al parecer, buscará meter en cintura a sus gobiernos subordinados, con señalamientos mayores respecto a violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Son cinco los pilares del plan de Biden: 1) estrategia de cuatro años para contener la migración centroamericana, con un presupuesto de cuatro mil millones de dólares; 2) promoción de la inversión privada en la región; 3) mejora de la seguridad y el estado de derecho; 4) combatir la corrupción endémica y 5) priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Cinco puntos no muy distintos a las históricas prioridades estadounidenses en la región: control migratorio, injerencia en las estrategias económicas y de seguridad, dominio de una región geoestratégica y extracción de renta.
La estrategia de los cuatro mil millones de dólares buscará impulsar reformas en los países del Triángulo Norte, encaminadas al combate de la corrupción, incluyendo alianzas público-privadas y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. La priorización de proyectos de infraestructura y la inversión extranjera se hará por medio de la banca de desarrollo, particularmente con la participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En lo que respecta al eje de seguridad y Estado de derecho, el plan de Biden contempla combatir la corrupción en las instituciones de seguridad y profesionalizar a las policías; además de impulsar programas que prevengan la incorporación de jóvenes a las pandillas y continuar con la asistencia técnica a jueces y fiscales. Es decir, todo lo que EEUU ya ha hecho por años en la región.
Para hacer frente a la “corrupción endémica”, el plan del futuro presidente demócrata, incluye la revocación de visas para centroamericanos acusados de corrupción, la instalación de una oficina del Departamento del Tesoro que se encargará de realizar investigaciones en el Triángulo Norte, capacitación de fiscales especializados e impulso de una comisión regional en contra de la corrupción, con el apoyo de la OEA, la OCDE y la ONU.
Para reducir la pobreza e incentivar el crecimiento económico, el plan de Biden dice que priorizará la atención de la inseguridad alimentaria, particularmente con un programa de combate a la desnutrición en Guatemala. Se impulsará la capacitación laboral de migrantes retornados, se aumentarán las becas para estudiantes centroamericanos en los EEUU; además, se impulsarán reformas fiscales y energías limpias. Biden tiene pues un plan abarcador, no muy diferente a los del pasado; incluso a los que él mismo impulsó durante la administración Obama. Biden parece tener más claridad sobre lo que ocurrirá con Centroamérica que los propios mandatarios del istmo.
Si hay una parte del mundo bien conocida por el próximo presidente de los EEUU, esa es América Latina, particularmente Centroamérica. Como senador en la administración Clinton, Biden fue uno de los artífices del militarista Plan Colombia; como vicepresidente en la administración Obama, fue el ejecutor de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, un plan injerencista muy similar al que ahora propone.
Fue en el marco del Plan Colombia que el ejército del país sudamericano, sobre todo entre 2003 y 2007, asesinó a miles de civiles, “falsos positivos”, a quienes hacía pasar por combatientes guerrilleros. Entre 2000 y 2008, el ejército colombiano recibió asistencia militar estadounidense por un monto aproximado de 4,900 millones de dólares. La Alianza por la Prosperidad nació en 2014, como medida de atención a la crisis de menores no acompañados que arribaron masivamente a la frontera de Estados Unidos con México. El componente de militarización de la seguridad fue preponderante en esa estrategia, que contó inicialmente con un presupuesto de 750 millones de dólares en 2014, pasando a 161 millones en 2015 y 252 millones en 2016.
Los países centroamericanos dejarán de recibir insultos permanentes del presidente norteamericano, en cambio, recibirán las políticas y formas que ya conocieron durante la administración del deportador en jefe Barack Obama. Bajo el supuesto de combatir la pobreza y la inseguridad en la región, Biden buscará mantener a raya la migración y, quizás, contener las formas autoritarias de sus aliados. Trump hizo mutis ante el intento de autogolpe de Nayib Bukele, las acusaciones por narcotráfico en contra de Juan Orlando Hernández y los ataques del ex presidente Jimmy Morales que acabaron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Es de esperarse que el nuevo ejecutivo del Imperio sea menos condescendiente con los mandatarios de su área de influencia.
