La justicia de Andorra confirmó que en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en sendas cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos de Banca Privada de Andorra, una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay entre cinco y 150 millones de euros incautados a cada uno de ellos.
Además, se sospecha que todos ellos habrían utilizado la entidad financiera andorrada para blanquear (lavar) dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero a la Banca Privada de Andorra precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control, que favorecían tanto el blanqueo de capitales como la evasión de los órganos fiscalizadores de otros países, sobre todo de México, Estados Unidos y España, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigación policial.
