El régimen autoritario de los hermanos Bukele en El Salvador asentó el pasado fin de semana la última estocada a la moribunda democracia del pequeño país centroamericano (ya estaba gravemente herida desde el intento de golpe del 9 de febrero de 2020). En su primera sesión ordinaria, este sábado primero de mayo, la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Nayib Bukele (Nuevas Ideas), aprobó con dispensa de trámite (sin discusión en comisiones), la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Sin seguir los procedimientos jurídicos del caso, los reemplazos espurios ya estaban presentes en la Asamblea y fueron nombrados. Después fueron escoltados por los altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), en altas horas de la noche, para ocupar las instalaciones de las instituciones conquistadas por el clan Bukele y sus marionetas en la Asamblea.
Se anularon así los contrapesos institucionales que aún persistían en El Salvador. No sería extraño que este mismo lunes o en los próximos días, la bancada oficialista remate su obra con el control del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Bukele se ha hecho ya del control de los tres órganos del Estado. La Sala de lo Constitución era el único contrapeso efectivo del actual régimen totalitario de El Salvador; emitiendo resoluciones que buscaban contener las medidas autoritarias del gobierno en el marco de la pandemia, como las detenciones arbitrarias, la suspensión de derechos, la cuarentena de la transparencia, las millonarias compras no fiscalizadas y el acoso permanente a la prensa crítica. Bukele ya desconocía sistemáticamente las resoluciones de la Sala, hace algunos meses sugirió fusilar a los magistrados y ahora, de la mano de sus legisladores, efectúa un golpe de Estado técnico. La Sala de lo Constitucional declaró con sólidas razones jurídicas la ilegalidad de su destitución. Sólo por mencionar una de las irregularidades, las candidaturas para magistrados de la Corte Suprema deben provenir del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero de facto, ya no hay ley que norme en una dictadura, donde no hay nada más allá de la voluntad del tirano.
El Fiscal General había oscilado en su relación ante el Ejecutivo, dirigiendo recientemente investigaciones sobre corrupción del gobierno en el marco de la pandemia, además de las indagaciones sobre la tregua que Bukele mantienen con las pandillas para la drástica reducción de homicidios, que el gobierno atribuye a un plan ultrasecreto y milagroso llamado Control Territorial. Lo ocurrido el sábado no es tan sólo un régimen autoritario, es ya, con todas sus letras, una dictadura; el control absoluto del Estado en manos de una sola persona. Bueno, quizá de algunas personas, de los hermanos Bukele y de su cercano grupo de amigos, familiares y empleados distribuidos en el gabinete, la Asamblea y el partido de Estado.
El golpe de Estado ha recibido la condena internacional, incluyendo pronunciamientos vía Twitter de legisladores norteamericanos, del Secretario de Estado Antony Blinken y de la Vicepresidenta Kamala Harris. Cabe recordar que un tercio de la población salvadoreña vive en los Estados Unidos. Incluso la muy condescendiente Secretaría General de la OEA rechazó lo ocurrido y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI El Salvador), para monitorear la grave afectación de la institucionalidad y los derechos humanos. Dirigiéndose a la comunidad internacional, vía Twitter, con su característico estilo burlón y pendenciero, el bachiller Bukele advirtió desde la noche de el sábado: “estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”.
La frágil democracia salvadoreña naciente de los Acuerdos de Paz de 1992 ha muerto. Vivió durante un bipartidismo, donde ARENA y FMLN se turnaron el poder. Sus gobiernos fueron tan deficientes y reprobados por la población, que ahora la mayor parte del electorado aplaude las formas dictatoriales del clan Bukele. La democracia salvadoreña murió por suicidio, por mayoría de votos de un pueblo dispuesto a aceptar una dictadura a cambio del aniquilamiento político de quienes le fallaron en el pasado.
El bukelismo argumenta que la toma del poder absoluto es democrática porque la mayor parte de la población lo aprueba y votó por eso. Se confunde la elección democrática con el sistema democrático, la aprobación popular con la legitimidad de gestión, se sustituyen las leyes por los aplausos. El Salvador es hoy en día una clara advertencia sobre la dictadura de las mayorías, la deriva autoritaria del descontento con partidos tradicionales y la sustitución oportunista del vacío ideológico que se presenta como “antipolítico”, “ni de derecha ni de izquierda”. Bukele, como prototipo de dictador millennial, es un hombre de su tiempo, donde la popularidad subordina a la razón.
