En marzo pasado, Luis Almagro, supuesto enemigo de las reelecciones, fue reelecto, con 23 de 33 votos, como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, en un enérgico discurso, calificó la reelección del uruguayo como “muy lamentable”, “patética” y “triunfo de las malas prácticas democráticas”. Las palabras de la embajadora no fueron exageradas ni fuera de lugar, pues califican muy bien el perfil de un personaje ajeno a las prácticas democráticas, capaz de manipular informes de observación electoral, reconocer a presidentes de facto y determinar qué régimen es o no es una “dictadura”.
La semana pasada, en entrevista con un medio colombiano, Almagro defendió vehementemente al régimen autoritario que encabezan los hermanos Bukele en El Salvador. Dijo que los críticos de las formas dictatoriales del mandatario millennial eran “voces recurrentemente histéricas” y que “no debemos inventar dictaduras donde no las hay”. Según Almagro, en el continente sólo existen dos dictaduras: Cuba y Venezuela. Nicaragua, a veces lo es y a veces no. A pesar de que Bukele escenificó un remedo de golpe de Estado y ha desacatado sistemáticamente resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, no merece condena alguna por parte del excanciller de Uruguay.
Almagro no especificó cuáles eran las “voces histéricas”. Entre quienes han advertido sobre las formas dictatoriales del joven mandatario centroamericano destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La Corte salvadoreña resolvió tres veces que la fuerza pública no podía detener a personas que violaran la cuarentena obligatoria. Bukele desatendió todas las resoluciones y su gobierno detuvo arbitrariamente aproximadamente a tres mil personas, quienes fueron recluidas en centros clandestinos de detención, insalubres y con riesgo de contagio, llamados eufemísticamente como “centros de contención”. Los ataques de Bukele contra la prensa libre y las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido sistemáticos. El Ejecutivo también ha asumido funciones que corresponden a la Asamblea, decretando restricciones de derechos. Un grupo de organizaciones salvadoreñas pidió a la OEA la activación de la Carta Democrática en El Salvador. Pero como son “voces histéricas”, no recibieron la atención debida.
Desde que está al frente de la OEA, Almagro no ha cesado en sus intentos de desacreditación, por no decir derrocamiento, del gobierno de Nicolás Maduro. En diciembre de 2018 fue expulsado por unanimidad del Frente Amplio, ante su declaración de que no descartaba la opción militar para derrocar a la “dictadura” de Maduro. Ya desde 2015, Pepe Mujica había marcado su distancia; en una carta le indicó: “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós”.
El clan Bukele comparte con Almagro su filia por la oposición venezolana. Tanto en la campaña como en el ejercicio de gobierno de los Bukele, incluyendo la atención punitiva de la pandemia de Covid-19, han figurado asesores venezolanos. El extremista Lester Toledo, incondicional de Leopoldo López y Juan Guaidó, prófugo de la justicia venezolana, fue uno de los estrategas detrás del triunfo electoral de Bukele. Trabajadores de la salud en El Salvador han confirmado que el veterinario Miguel Arvelo y la odontóloga Sara Hanna Georges, férreos activistas de la ultraderecha venezolana, son quienes deciden quién tiene acceso y quién no a las pruebas de Covid-19. Hanna ha sido asistente de Leopoldo López y también asesora a Bukele en sus campañas propagandísticas en redes sociales. Miguel Sabal y Carlos Gutiérrez también son asesores del gobierno salvadoreño. El segundo, quien fuera abogado de Leopoldo López tras su intento de golpe de Estado, es ahora pieza clave en la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
La CICIES ha sido creada precisamente bajo el auspicio de la OEA. Se trata de una mala copia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIES fue una promesa de campaña de Bukele; anunciada como una poderosa comisión internacional para acabar con la corrupción en el país, terminó siendo un organismo dependiente del Ejecutivo y sin la participación de Naciones Unidas, a quien ya no se ha invitado a participar. La CICIES es tan decorativa como el “hospital más grande de América Latina” para atender Covid-19, que inauguró Bukele con bombo y platillo, pero que hasta la fecha no opera.
La mugre que esconde Almagro no cabe debajo del tapete. El régimen de los Bukele se ha caracterizado por su autoritarismo, nepotismo y corrupción. Una comisionada presidencial tiene a media parentela cobrando en el gobierno, funcionarios públicos y un diputado le han vendido mascarillas con sobrecosto al gobierno, pero señalar eso, diría el flamante Secretario General de la OEA, es histeria. La verdadera autocracia, se supone, está en Venezuela.
Columnista: Edgar Baltazar Landeros (@ebaltazzar) es Director ad honorem de ILEPAZ A.C.
