Sin necesidad de consulta popular previa, la Audiencia Nacional de España sentenció el viernes pasado a un terrorista de Estado: el coronel retirado Inocente Orlando Montano, quien como integrante del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador fue uno de los autores intelectuales de la masacre perpetuada en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989.
Montano, exviceministro de Seguridad Pública de 77 años de edad, recibió una condena de 133 años y cuatro meses de prisión, reducidos a la pena máxima de 30 años. Se le encontró responsable del asesinato de carácter terrorista de cinco sacerdotes jesuitas de nacionalidad española: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno. El excoronel también es responsable del asesinato de tres víctimas de nacionalidad salvadoreña, Elba y Celina Ramos, así como del sacerdote Joaquín López y López. Pero como el condenado fue extraditado desde los Estados Unidos explícitamente sólo para rendir cuentas por las víctimas españolas, las salvadoreñas aún esperan justicia. El Estado salvadoreño, en contracorriente a esta sentencia histórica, se ha ocupado de encubrir a los responsables de este y otros crímenes de lesa humanidad.
La sentencia reconoce el rol preponderante de “La Tandona”, promoción de oficiales militares salvadoreños graduada en 1966, que operó como organización ejecutora del terrorismo de Estado durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano entre 1980 y 1992. Los cabecillas de la Tandona, estructura criminal que, de acuerdo con la declaración de Montano, aún se reúne para celebrar fiestas de cumpleaños, son conocidos como “los compadres”; varios de estos viven una vejez tranquila en El Salvador, protegidos por un manto histórico de impunidad uniformada.
Cuando la justicia española requirió la extradición de los veteranos militares terroristas, la Corte salvadoreña la negó. Igual de tranquilo e impune vive su protector, el ex presidente Alfredo Cristiani. Basta decir que los dos gobiernos del FMLN hicieron muy poco para revertir tal impunidad y, en cambio, entraron en un escenario de connivencia con sus otrora adversarios.
En El Salvador se realizó una farsa de juicio contra los militares implicados, dos de ellos fueron sentenciados en 1991 pero fueron liberados en 1993 tras la aprobación de una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad los crímenes de guerra. Uno de esos implicados fungió ahora como testigo en contra de su ex compadre Montano. La reactivación del juicio en El Salvador está aún pendiente. El caso que sí está abierto, tras declararse en 2016 la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, es el de la masacre de El Mozote.
En días próximos, la Fuerza Armada salvadoreña tendrá que abrir sus archivos, algo a lo que se ha resistido históricamente. Será esa una prueba de fuego para Nayib Bukele, quien decidirá si pasa o no a la historia como un encubridor más. Las señales del mandatario no han sido alentadoras, pues parece estar más preocupado por enjuiciar a sus enemigos políticos (del FMLN o del PDC) que al poderoso estamento militar transquinquenal.
Martín Pallin, abogado de la familia de Ignacio Martín Baró declaró durante el juicio contra el terrorista Montano: “En la madrugada del 16 de noviembre, las Fuerzas Armadas cortaron ocho rosas, pero no han conseguido matar la primavera. El prestigio y la bondad de los padres jesuitas ha quedado inalterado para la historia”. La condena de Montano es histórica. Aún está pendiente el juicio de los demás responsables, sin embargo, este ejercicio ejemplar de justicia universal pone sobre la mesa la urgencia de ajustar cuentas con el pasado y reivindicar a las víctimas.
En El Salvador, los militares empoderados asesinaron a Ignacio Ellacuría, pues en su rol mediador amenazaba sus privilegios. La orden del Alto Mando fue ejecutarlo y no dejar testigos. Acabaron así con la vida de ocho mártires. La reciente sentencia sobre este caso es insuficiente pero también es un paso importante, ejemplificador.
La justicia no está a consulta. En América Latina, terroristas de Estado de la talla de Luis Echeverría Álvarez, no sólo han ganado una vida larga y tranquila de casi un siglo, además han ganado perdón y olvido. El genocida mexicano es ignorado en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Prestar atención a la experiencia salvadoreña nos puede advertir muy bien de los riesgos y consecuencia de perdonar y entregar los rumbos de un país a tandonas y compadres.
