El fenómeno del paramilitarismo en Chiapas no es algo que haya sido declarado extinto por decreto, como es práctica común de la 4T al anunciar el fin de la corrupción y otros males sociales. Al contrario, en su alianza con fuerzas políticas impresentables que le ayudaron a ganar la presidencia por un amplio margen, MORENA ha cobijado, como miembros o aliados, a personajes responsables de la vigencia paramilitar. Entre estos, destacan los senadores Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, y Eduardo Ramírez, mejor conocido en su estado como “Zanja negra”; además de Eric Flores, conocido evangélico de extrema derecha, quien funge como superdelegado en Morelos.
Como cabecillas del Partido Verde Ecologista en Chiapas, el güero y zanja negra tutelaron a los viejos cacicazgos priístas para sumarlos a su partido, destacando el encubrimiento de los paramilitares de municipios como Amatán y Chenalhó. Un asesor de Velasco es quien aparece en el famoso video entregando dinero al hermano del presidente. Ramírez Aguilar es quien, ya en las filas de MORENA, en el espectáculo bochornoso tan recordado, levantó efusivamente la mano de Rosario Piedra para que rindiera protesta como presidenta de la CNDH. Flores no sólo pactó con AMLO una alianza electoral sui generis, antes lo hizo con Calderón. En 2006, el predicador neopentecostal pactó con el michoacano brindarle apoyo electoral a cambio de la revisión del caso Acteal. El objetivo de Flores Cervantes era liberar a paramilitares, creyentes de su mismo credo, plenamente reconocidos por los familiares de las víctimas, pero quienes habían sido sentenciados tras los comunes errores procesales del sistema de injusticia mexicano.
Hugo Eric Flores, usando al CIDE, logró su objetivo en 2009. Talentosos, eruditos y reconocidos juristas como Alejandro Posadas, Javier Cruz, Ana Laura Magaloni y Alejandro Madrazo, en legítima reivindicación del debido proceso, pero sin conocimientos mínimos del contexto sociopolítico del caso y de los intereses de Flores, terminaron contribuyendo a la causa paramilitar. Los conocidos intelectuales Ricardo Raphael y Héctor Aguilar Camín, por su parte, contribuyeron a alimentar el relato victimizante de quienes en realidad fueron, y siguen siendo, los victimarios. Los paramilitares liberados por la Corte jamás entregaron las armas; ellos y sus descendientes son quienes hoy en día, desde Chenalhó, siguen sembrando terror en la región.
El Plan de Campaña del Ejército Mexicano para combatir al EZLN en 1994 incluyó la formación de grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente. Un grupo como el que perpetró la masacre de Acteal en 1997, ha acosado durante los últimos años a comunidades colindantes con Santa Martha, Chenalhó. En días recientes, han sido constantes los ataques armados desde Santa Martha hacia comunidades del municipio de Aldama. Según múltiples fuentes locales, los paramilitares fueron armados por la ex presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez, y su entonces tesorero Abraham Cruz, actual alcalde, hijo del pastor evangélico que bendijo las armas con las que se masacró en Acteal. Los agresores han exhibido en un video su armamento de alto poder y reivindican la disputa de 60 hectáreas como objeto de un conflicto que, por cierto, sólo ha implicado ataques armados de una de las partes.
Organismos de derechos humanos reconocen la crisis humanitaria en Aldama, con más de dos mil indígenas tzotziles desplazados por la violencia paramilitar de sus vecinos. Desde los gobiernos local y federal, no han existido acciones claras para el desarme de los grupos agresores. Cristóbal Sántiz, vocero de las comunidades de Aldama, es un preso político del gobierno del morenista Rutilio Escandón. La fuerza pública estatal ha abandonado a su suerte a los habitantes atacados, como ocurrió el pasado 18 de agosto cuando la Policía Estatal huyó de la comunidad de Tabak ante los ataques paramilitares. Al día siguiente, la Guardia Nacional hizo presencia en la zona, un par de días después se retiró y se reanudaron los ataques. Un par de semanas antes, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había visitado Aldama para ratificar el acuerdo de no agresión entre ese municipio y Chenalhó, mismo que se firmó el 4 de junio de 2019. Encinas calificó en su momento el acuerdo como “histórico”, pero ni su presencia ni acuerdo alguno han persuadido a los paramilitares impunes.
Los paramilitares de Chenalhó también han sido responsables del desplazamiento forzado de centenares de personas del Ejido Puebla del mismo municipio y del colindante Chalchihuitán. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ku´Untik, durante el mandato de Velasco Coello alrededor de siete mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. Ya en tiempos de la 4T el panorama no es alentador. Además de los ataques paramilitares contra Aldama, en días recientes se presentó públicamente un grupo armado en Ocosingo, denominado Ejército Revolucionario Indígena (ERI); en el mismo municipio, en la comunidad de Cuxuljá, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) incendió dos bodegas de café pertenecientes a bases de apoyo del EZLN. La pacificación de la 4T aún no llega a Chiapas.
