El genocida de 98 años de edad, Luis Echeverría Álvarez (LEA), goza de perdón y olvido de parte de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Genocidas como Ríos Montt y Pinochet enfrentaron a la justicia cuando ya vivían su octava década de vida, LEA, con casi un siglo de existencia, disfruta su impunidad.
La consulta para enjuiciar a los expresidentes es claramente más simbólico-política que jurídica. El que no incluya al terrorista de Estado corresponsable de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, como la masacre de Tlatelolco en 1968, el Halconazo de 1971 y la Guerra Sucia de los años 70 y 80, es un agravio a las víctimas, a la memoria histórica y a las luchas de la izquierda mexicana. Aunque no es precisamente una traición de AMLO, pues él nunca fue parte de esas luchas; al contrario, en pleno echeverrismo, el tabasqueño decidió militar en el PRI para “democratizarlo” desde dentro. El Comité 68 Pro Libertades Democráticas le ha dejado muy en claro al mandatario su descontento ante el perdón y el olvido de la 4T.
El veterano criminal con residencia en San Jerónimo Lídice, cuando presidente, quiso transmitir la imagen de un mandatario cercano a la gente, por eso viajó a los lugares más recónditos, se dejaba fotografiar ataviado con trajes indígenas, era amante de las giras y de las juntas maratónicas. Más que condenar al echeverrismo, AMLO parece emularlo en su particular concepción de una especie de Desarrollo Estabilizador del Siglo XXI.
Mientras los jóvenes de izquierda vivían perseguidos, o morían, por las guardias blancas o los halcones, el joven AMLO decidió afiliarse al partido de Echeverría. Ignacio Ovalle, quien fuera mano derecha de LEA, como su secretario particular y jefe de la Oficina de la Presidencia, fue padrino político de AMLO, llevándolo al Instituto Nacional Indigenista en el sexenio de López Portillo. La formación política de juventud del actual presidente fue sólidamente priista y eso difícilmente se borra. Ovalle, por cierto, cobra actualmente en la 4T; es el titular del organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). Experiencia en el tema tiene, pues dirigió la CONASUPO en el sexenio de Salinas.
La controvertida consulta impulsada por al 4T no resiste los más básicos análisis jurídicos. La pregunta formulada por AMLO es la siguiente: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Estar en desacuerdo con la legalidad, la investigación y sanción de los delitos no es una opción constitucionalmente válida. La justicia no se consulta. El máximo tribunal podría desechar la pregunta y con ello ganarse, aún más, el descrédito popular.
A la 4T le interesa visibilizar los crímenes del periodo neoliberal o “neoporfirista” que ubica entre 1988 y 2018 (aunque el neoliberalismo inició antes y es vigente aún). Omitir el pasado pre-88 es un error histórico de un régimen que se asume como transformador. La consulta es un acto excepcional que se posiciona entre el derecho y la política. Esa excepcionalidad tiene una salida autoritaria cuando la decisión política está en manos de un soberano único, pero puede ser transformadora si la decisión soberana es colectiva. Si el líder ya decidió excluir a LEA de la consulta, la suspensión del derecho del “viejo régimen” no será más que el aseguramiento de su continuidad impune. Se supone que la consulta sería un desahogo popular, pero incompleta, terminará siendo un frustrado grito de justicia.
