En los términos de un gobierno privado indirecto (en la concepción del filósofo camerunés Achille Mbembe) que es un estado fallido o corrupto de inicio a fin, el control de la gobernanza de la información que vigila los ingresos de los ciudadanos es un capital para ejercer coacciones extralegales que se originan en los cotos de poder, porque se dispone de los impuestos y de los recursos de privados sin realizar el ejercicio de las leyes vigentes. A estas personas se les puede criminalizar por parte de funcionarios del gobierno en los sectores de la inteligencia financiera y de las secretarías que están al tanto de la información del estado y de las personas. En ese estado fallido y corrupto se aplica este proceso de criminalización a los oponentes y adversarios políticos, según una agenda que tiene que ver con cobrar derecho de piso para poder realizar operaciones financieras con lo cual compran un permiso y adquieren compromisos de tipo mafioso con el estado o sus funcionarios. Sea que haya una actividad criminal de fondo o sea qué hay una actividad que ven como parte de una agenda política adversa al gobierno en funciones la coacción para sesgar, se vuelve parte del entramado de operaciones por parte de los funcionarios en el poder que operan de este modo.
Señalar a personas morales o empresarios como problemas de seguridad nacional y tratarlos como eso coaccionándolos de manera directa o indirecta es parte de una política del gobierno privado indirecto. La acción de financiar agendas que van en contra del gobierno en funciones es parte de los procesos normales dentro de una democracia, siempre que respondan a la ley vigente. La acción mercenaria de los administradores públicos que se sujetan a la agenda política de grupos de poder, que hacen la guerra a otros grupos de poder es un escenario que está vigente en todo gobierno en funciones y cuando el gobierno está infiltrado por la corrupción es que se transforma en un gobierno privado.
Los así llamados institutos de transparencia, las comisiones de inteligencia financiera, los sectores de acceso a la información, los operatarios de la ley de regulación en telecomunicaciones y toda aquella oficina que se encarga de hacer la inteligencia y recolección de la información de todos los tipos de los usuarios de internet o de cualquier fuente digital financiera o de datos privados de personas. Son a la vez, si no hay un modelo de diferenciación funcional, parte de un gobierno coactivo y corrupto y a la vez fuente de gestión y negociación para positivo y para negativo. La ciberguerra y la ciberseguridad se dan en esos escenarios dentro del estado, del estado hacia su población y de otros países desde el estado hacia los ciudadanos de otros países.
Estas instituciones mencionadas que son el bankopticum son las que operativamente deben revisar problemas que son de orden de seguridad nacional y no solo generar coacciones sobre blancos económicos, financieros o de política inexplicable sobre personas inocentes o personas cuyas actividades económicas o políticas son contrarias a la política y el gobierno en funciones, no se trata su tarea de hacer tareas de autoritarismo político o de policía del gobierno con carácter represor, ni de hacer una política del escarmiento. La diferenciación funcional implica que haya una forma de entender el proceso de la administración pública separada del ejecutivo y del partido en el poder, así como del poder judicial, que vía el sistema del derecho deberá prever sobre la actividad de este bankopticum bajo las reglas de una democracia que no sea iliberal o populista, o autoritarismo de cualquier perfil.
Y que la información no sea el sesgo programado por algoritmos que provienen de agendas ocultas de incursión desde otros países, sino que se opere la cooperación, la apertura, la autonomía y la transparencia mutua en la gestión de esos procesos y vía la diferenciación funcional en la operatividad de tecnologías de comunicación que están dedicadas bajo presupuestos de seguridad nacional en el bankopticum y para la población operen con reglas propias que los corporativos tecnológicos y la vigilancia de las empresas y el sector telecomunicaciones en el gobierno de cada país se pueda ejercer regulaciones y accesos para el público general.
