México como asunto de seguridad nacional en la agenda política regional figura desde dos ubicaciones claras en el contexto de la política económica de EU, la UE y Asia una es por la transición a nivel financiero por la entrada en vigor del nuevo TMEC, la construcción de infraestructura para modernizar al sureste del país, por generar procesos de soberanía energética petróleo, electricidad y energía nuclear en la que el esquema de trabajo y desarrollo de los proyectos implica riesgos por la injerencia del ejecutivo y el ejército en el plan financiero donde la falta de una administración económico-financiera profesional en las empresas del estado implica que se tomen decisiones por parte del ejecutivo que debían ser tomadas por una administración enfocada en la empresa con una especialización y experiencia en el sector y el otro lado es que el ejército no es del todo bien visto como inversor en los proyectos a largo plazo.
Los riesgos son la falta de diferenciación funcional entre el sistema político y el económico y por otro lado la posibilidad de intransparencia operativa entre el ejército y el gobierno, siendo este un actor que pudiera fomentar la acción del sistema político en su coordinación para la empresa como un riesgo de mezclar intereses.
El otro lado de la situación es la situación de la extracción de recursos naturales estratégicos como tema de la infraestructura transnacional donde dadas las previsiones mundiales el avance hacia un modelo ecologista del modo de acumulación de riqueza prevé el uso de materiales ya parte de las agendas previas a materiales que potencian la situación de la economizarían, optimización y generación de usos ecológicos de la energía. Y que suponen procesos de desarrollo en distintas comunidades en México que están cruzadas por procesos internos de fragmentación donde existen bandas de crimen organizado a la par de grupos organizados que vigilan comunidades productoras, comunidades donde se instalan las mineras o otras empresas que extraen las riquezas y que son fuentes de riqueza.
La agenda política en ese sentido tiene que ver con integrar los procesos productivos locales con fuentes de seguridad estatal que protejan y aseguren el proceso económico glocal y lo securiticen. También consiste en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y estatales de justicia en los municipios y estados donde gobierna la autoridad. Se trata también de fortalecer los procesos de blindaje financiero, de gestión de la gobernanza local y de fortalecer las instituciones como el ejército, las policías o en todo caso a la organización de la policía comunitaria o las autodefensas.
De modo que el proceso de la agenda de la infraestructura transnacional tenga niveles productivos que sean óptimos para la empresa extranjera y nacional y desde ese punto se pueda tener un nivel de competitividad a nivel regional y mundial. Los procesos de securitizacion de la producción económica en este sentido tienen su lado distópico pues las bandas de crimen organizado tienen también intereses locales en las comunidades por el trasiego y producción de drogas o el huachicoleo de energéticos y recursos estratégicos, el tráfico de otros bienes como la nuez o el aguacate y a veces condicionan los procesos de la producción en el esquema de guerras territoriales contra las autoridades, las policías, el ejército o la seguridad organizada de las comunidades.
Los procesos de violencia muchas veces vienen en el formato de guerras donde existe un debilitamiento de las instituciones públicas, se propaga la corrupción estatal y hay pérdida de legitimidad política. Las políticas de seguridad nacional de los estados de la región tienen que ver con apuntalar los procesos productivos, económicos y financieros a pesar de que la o Estado ha perdido el control sobre territorios de las comunidades donde se origina la acumulación de la riqueza y emerge un nuevo tipo de acumulación que depende de procesos de violencia que viene de la mano con el surgimiento de contratistas privados de seguridad: bandas de delincuencia organizada, paramilitares, mercenarios, ejércitos privados, organizaciones de seguridad comunitarias, policías comunitarias y autodefensas que operan para securitizar procesos económicos que pertenecen a la economía formal o a la necroeconomía originada en la violencia.
