Luego de que AMLO pidiera la investigación del juez que ordenó la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica, arreciaron las críticas en su contra. Legisladores y voceros de la oposición llamaron al presidente, una vez más, “dictador”. Desde los más ilustres, como el connotado jurista priista Sergio García Ramírez, hasta los menos versados en derecho (y en cualquier otro tema) como Claudio X. González o Ricardo Alemán, volvieron a advertir lo que en repetidas ocasiones ya han dicho: la 4T dirigida por AMLO nos lleva en camino a la dictadura. Diversas voces opositoras y peritos en derecho han reprobado la actitud de AMLO, abogando en cambio por el respeto a la autonomía del poder judicial. Sobre la corrupción en el sistema judicial, poco dicen, pues la cofradía se asume intocable.
En concordancia con el liberalismo político como doctrina hegemónica, la reacción de derecha ve en AMLO un riesgo para la división de poderes y el supuesto sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, se omite una discusión fundamental: la conformación y actuación de esos poderes del Estado. La defensa de un Estado de derecho sólo vigente en la mente de los ahora agraviados, es un claro acto de defensa del status quo; es decir, aquel orden reprobado por las mayorías populares. La dictadura imaginada por las fuerzas políticas que ahora están en aparente riesgo de perder el poder del Estado, es una caricatura de despotismo encarnado por el líder de la 4T. Pero esa caracterización del gobierno lopezobradorista no resiste un análisis serio.
Uno de los teóricos imprescindibles para la problematización de la categoría de dictadura es Carl Schmitt. Se está cumpliendo precisamente un siglo de su obra La dictadura, donde el que en su momento fuera militante nazi, emparentó a los regímenes dictatoriales con el Estado de excepción, aquella “anómala situación intermedia entre guerra y paz”. Si bien los rasgos del gobierno lopezobradorista tienden a la centralización y al personalismo del líder, la 4T está lejos de ser, siguiendo los términos de Schmitt, una dictadura comisarial o una soberana.
La dictadura comisarial, de origen romano, corresponde a los dictados de una persona con la comisión de hacer frente a la excepción, ya sea una guerra, rebelión o un proceso de reforma de los poderes públicos. Una vez cumplida su comisión, se restablece el orden jurídico. El dictador, señala Schmitt, “está fuera del derecho, pero dentro del Estado”; es soberano, decide sobre la excepción. La dictadura soberana es entonces la suspensión del orden jurídico para crear uno nuevo.
La autodenominada 4T no ha suspendido ni definitiva ni transitoriamente el orden constitucional. Lo que sí ha hecho es señalar la necesidad de discutir el rol de uno de los poderes del Estado resistente a los procesos de cambio, la otrora incuestionable judicatura. Como poder soberano, el gobierno lopezobradorista tampoco es dictatorial, pues AMLO, a pesar de su muy personal estilo de gobernar, no monopoliza la voluntad general ni el poder constituyente. El dictador soberano decide sin impedimentos y eso no ocurre hoy en México. Tampoco nos encaminamos a una dictadura de clase como proceso transitorio hacia un Estado popular, pero si lo peor de la derecha está poniendo el grito en el cielo, quizá no vamos por tan mal camino.
