La mayor masacre en la historia reciente de América Latina ocurrió en El Salvador. Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, en el marco de la guerra civil, el Batallón Atlácatl, fuerza de exterminio del ejército salvadoreño entrenada por los Estados Unidos, asesinó en el caserío El Mozote y lugares aledaños del Departamento de Morazán, a al menos 978 civiles desarmados. De acuerdo con el registro oficial de víctimas, de este número, 553 eran menores de edad (248 menores de seis años). Tomando en cuenta a familiares de las personas asesinadas, sobrevivientes y desplazados, la cifra oficial de víctimas reconocida por el Estado salvadoreño asciende a 1,658.
La masacre, a la fecha, está impune. En 1993, la Asamblea salvadoreña aprobó una Ley de Amnistía que impidió la investigación de los crímenes de guerra. En 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha ley. Ante ello, un juez ordenó la reapertura del caso, mismo que ya había sido objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño en 2012. La semana pasada, el juez Jorge Guzmán se topó con la obstaculización del gobierno de Nayib Bukele quien, al igual que todos los gobiernos de la posguerra, tutela la impunidad de la Fuerza Armada.
De los 28 oficiales castrenses acusados ya sólo viven 13; un imputado falleció este año. En octubre del año pasado, el juez Guzmán requirió información militar relativa al caso; particularmente, el Plan de la Campaña Militar 1980-1992 y el documento de la Operación Rescate de 1981. Bukele se comprometió entonces a proporcionar los archivos “de la A a la Z”. El pasado mes de junio, fueron juramentados los peritos que revisarían los archivos militares sobre la masacre, en procedimiento programado para el 21 de septiembre.
El día llegó. El pasado lunes, siguiendo el mandato judicial, el juez Guzmán se presentó en la sede del Estado Mayor de la Fuerza Armada, encontrándose con barricadas y personal militar fuertemente armado, quien le impidió el acceso. En días anteriores, el Ministro de Defensa ya había recurrido infructuosamente a la Corte Suprema para detener la inspección. Tras el infructuoso intento por cumplir con la orden judicial, se presentó un militar que se ostentó como el coronel Vanegas, quien, interpretando la Constitución, le informó al juez Guzmán la prohibición de revelar “planes militares secretos”. El juez le explicó que la orden judicial era firme, es decir, de obligatorio cumplimiento. El coronel no cedió y tampoco quiso informar quién le dio la orden de entorpecer la ejecución de la orden judicial.
Pero el bloqueo de los archivos militares no es algo inédito. Durante los diez años de gobierno del FMLN (2009-2019) la exguerrilla tuteló la impunidad de sus otrora adversarios, tal como lo hicieran los gobiernos precedentes de ARENA. En 2014, los fiscales de una pesquisa sobre tráfico de armas tenían la autorización judicial para ingresar a instalaciones militares e incautar archivos; la Fuerza Armada se los impidió. En octubre de 2016, el gobierno de Sánchez Cerén negó la existencia de archivos sobre operativos militares vinculados a la matanza de El Mozote. En los últimos días de gobierno del Frente, el Secretario de Comunicación de la presidencia reveló que el encubrimiento a los militares se dio por el temor a un
golpe de Estado.
En el mismo régimen de los hermanos Bukele, el Ejército negó el pasado mes de marzo el acceso a archivos militares vinculados a la represión contra la Universidad de El Salvador en los años setenta y ochenta. En desacato entonces a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública. No hay poder judicial o humano que doblegue a la poderosa Fuerza Armada salvadoreña, misma que actúan sin contrapeso alguno. De hecho, la semana pasada, con el pretexto de contener la pandemia de Covid-19, el presidente ordenó un cerco militar a San Francisco Gotera, en Morazán; municipio donde está destacado el juez del caso El Mozote. Esto a pesar de que la Sala de lo Constitución ha reiterado la inconstitucionalidad de dichos cercos arbitrarios.
Bukele engañó a las víctimas de El Mozote, a quienes recibió en junio de 2019, a los pocos días de haber asumido el poder. Entonces les prometió cumplir con medidas de reparación y brindar acceso a los archivos militares. El pasado jueves 24 de septiembre, en una cadena nacional con presencia de la prensa, Bukele continuó con su burla. Mostró carpetas donde supuestamente se contenían archivos militares vinculados a la matanza de El Mozote, mismos que él mismo señala haber descalificado, aunque antes había dicho que tales documentos no existían. Reiteró su negativa a que el juez Guzmán y los peritos juramentados entren a los archivos militares, pues, argumenta, pueden revisar documentos recientes y poner en riesgo la seguridad nacional. Además, asegura que documentos vinculados a la masacre ya han sido destruidos por los gobiernos pasados.
En la misma cadena nacional, Bukele ocupó casi dos horas para atacar a la prensa independiente, a defensores de derechos humanos, congresistas norteamericanos que le han reclamado sus tendencias autoritarias e incluso a George Soros, a quien acusa también de ser parte de una supuesta campaña en su contra. Antes del bochornoso espectáculo, el mandatario millennial recomendó a sus seguidores en Twitter: “compren palomitas”. Ocupó el mismo espacio para “argumentar” que los documentos que dio a conocer el periódico digital El Faro, que demuestran el pacto de su gobierno con las pandillas para la reducción de homicidios, “son falsos porque son falsos” y de paso nombró a una diputada disidente de ARENA como nueva embajadora en los Estados Unidos: Milena Mayorga, declarada admiradora de Domingo Monterrosa, el militar que comandaba al batallón que masacró en El Mozote. De la A a la Z, una afrenta a las víctimas.
