El pasado miércoles 14 de octubre se estrenaron los primeros tres episodios (de un total anunciado de siete) del podcast “La Advertencia”, narrado por Diego Luna y coproducido por La Corriente del Golfo y Antifaz. En este se tratan hechos fundamentales de la historia contemporánea de Guatemala, desde el golpe de Estado de la CIA y la United Fruit Company en contra de Jacobo Árbenz hasta la experiencia reciente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pasando por treinta años de cruento conflicto armado y el juicio al genocida Efraín Ríos Montt.
En 1982 y 1983, en el marco de la respuesta estatal al proceso revolucionario guatemalteco, se perpetuó el genocidio del pueblo Ixil. Marta Elena Casaús Arzú participó como perito en la comprobación de la intención del genocidio en el juicio contra Ríos Montt, demostrando la presencia de las siguientes presunciones (que expone en su libro Racismo, genocidio y memoria. F&G Editores, 2019.): a) asesinatos masivos o masacres genocidas de niños, ancianos y mujeres; b) destrucción de viviendas y símbolos culturales y religiosos; c) cementerios clandestinos y/o fosas comunes; d) despersonalización y deshumanización de las víctimas; e) declaración de enemigo público o grupo perseguido; f) intentar borrar los signos de identidad; g) destrucción total o parcial del grupo étnico; h) planificación minuciosa y sistemática de planes de exterminio e i) protocolización de la violencia sexual sistemática de las mujeres como arma de guerra. El genocida fue encontrado culpable pero su sentencia fue anulada en 2013, en 2018 moriría impune a los 91 años de edad.
En su artículo “Cuatro tesis para el desarrollo de una historiografía de la guerra en Guatemala”, Manolo E. Vela Castañeda enfatiza en la relación entre rebelión y genocidio. El genocidio fue la respuesta estatal al proceso revolucionario guatemalteco, derrotándolo (primera tesis). No es posible despolitizar a las víctimas, pues el genocidio ocurrió justo en el contexto de la Guerra del Estado guatemalteco en contra de cuatro grupos insurgentes: el Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP).
Su segunda tesis identifica como perpetradores del genocidio a jóvenes, indígenas y analfabetos, que fueron sometidos a un entrenamiento contrainsurgente. En su tercera tesis, Vela postula que la insurgencia fue derrotada por la coalición de clases que sostenía al régimen político. Su cuarta tesis señala que los responsables de emprender el genocidio fueron el Ejército, la coalición dominante y sus aliados internacionales.
Manolo Vela apuntala sus tesis en un libro imprescindible, Los pelotones de la muerte. La construcción de los perpetradores del genocidio guatemalteco (Colmex, 2014). En esa obra, Vela interpreta al genocidio como una matanza contrarrevolucionaria que dio vida al orden burgués contemporáneo en Guatemala. Aunque en una interpretación desde el discurso hegemónico del presente, Guatemala no tuvo un proceso revolucionario sino un conflicto, signado por un genocidio irracional y no por la aniquilación de bases de apoyo de la insurgencia.
No en clave de proceso histórico de larga duración en lucha por la justicia, sino haciendo eco de la perspectiva organizacional y de cooperación internacional, se interpreta también recientemente la experiencia de la CICIG. Laura Zamudio González acaba de publicar un aporte al respecto, rescatando además la experiencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el libro International Intervention Instruments against Corruption in Central America (Palgrave Macmillan, 2020). En él, la académica mexicana describe el proceso de integración de la CICIG y las resistencias políticas que enfrentó, destacando los casos emblemáticos de enjuiciamiento de redes criminales de carácter económico y político.
LA CICIG se instaló en 2006 a través de un acuerdo bianual entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas. Nació con el mandato de identificar y desarticular organizaciones ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Se encontró con fuertes obstáculos en el camino, pero tuvo éxitos, como en el “Caso La Línea”, que derivó en el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Esto fue posible porque la CICIG, más que investigar a personas en particular, se ocupó de indagar redes económicas y políticas ilícitas. Esto en el entendido de que el crimen organizado y los sectores público y empresarial trabajan de forma articulada en el caso de Estados capturados. En 2019, el gobierno guatemalteco encabezado por Jimmy Morales decidió no renovar el convenio con la CICIG. Esto cuando Morales estaba siendo investigado por financiamiento electoral ilegal y su hermano por fraude y lavado de dinero.
Sentar en el banquillo de los acusados a un genocida y encarcelar a un presidente corrupto son lecciones que Guatemala ha dado al mundo y a su vecino. El Estado mexicano ha garantizado la impunidad del genocida Echeverría y de crímenes de lesa humanidad, tampoco ha enjuiciado a sus expresidentes corruptos. Guatemala sigue siendo un país dominado por poderes oligárquicos que triunfaron contra las fuerzas revolucionarias, Ríos Montt no murió en prisión y la CICIG ya no opera. Sin embargo, su experiencia es ejemplificante y hay que estudiarla, o bien, para empezar a empaparse del tema, escucharla en voz de Diego Luna.
