Los emplazamientos políticos que no se hacen cargo de plantear políticas de inclusión social en la sociedad son fuentes de tortura porque promueven la tortura sistemática que abandona a las personas con enfermedades mentales arrinconándolas en una vida horrible de maltrato y muerte lenta.
Lo que cede ese tipo de instrumentación del sistema de este modo explota la cognición de las personas enfermas y hoy día es una instrumentación de los medios digitales para con sus usuarios quienes bajo el poder psiquiátrico y el poder psicológico ejercen funciones de una psicopolítica que con la ingeniería de algoritmos programa lo que en cada caso la mentalidad de las personas deben de concebir y experimentar como mecanismo represor haciendo cadenas de operatividad hacia las formas de ejercicio de los poderes en las instituciones públicas.
Hoy día que es una nueva versión del psiquiátrico digital, que más que ser un banco de datos es un despojo de la condición humana de las personas, se convoca a unas políticas públicas que rompan con esas cadenas de esclavitud virtual y real en las que las personas en lo general y lo particular viven de acuerdo con los procesos donde se trata de tortura y represión como una forma de slowdeath, una forma de lo necropolítica que consiste en sacar por orden de la política del esquema del régimen dentro del cual funcionan las cosas y que tienen que ver con la labor productiva de las personas para generar un diagrama y segmento donde las cuestiones de carácter mental son deterioradas con finalidades políticas que se disfrazan de criminalizaciones y de pre-elaboración de pequeños crímenes que a la postre se precipitan en una enfermedad mental. O pequeños deslices fuera del campo productivo aceptado para hacer de ellos presas de adicciones y presas de elecciones que llevan al campo del crimen o al campo de la locura.
Por eso unas nuevas determinaciones la inclusión de las personas con enfermedades mentales debe ser parte de la forma avanzada de la organización de la salud pública que gobierna la ciencia y que de la cual siguen órdenes estrictas los poderes públicos, de manera que la enfermedad mental no sea operataria de cómo la corrupción política usa la adjudicación de la locura y los trastornos mentales o su producción como una tortura cotidiana para las personas con enfermedades mentales a manera de castigo por las faltas de algún tribunal no legítimo sino producto de prácticas fuera de la ley del funcionarios del estado en un periodo.
La tortura como práctica que es emblema del ejercicio del poder que supone características que pretenden o dañan mentalmente a las personas deben ser castigadas del mismo modo bajo un ejercicio especializado donde se imponga un castigo correspondiente para entender el proceso bajo el cual la violencia hizo presa a la persona ejecutora y es un crimen de estado o de agentes del estado.
