No hacía falta un decreto para militarizar al país. Militarizados ya estábamos, desde hace mucho y con la aquiescencia de varios políticos y empresarios ahora opositores. El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada en marzo del año pasado no fue el inicio de la militarización de la seguridad pública en México, pero sí fue la adhesión de la 4T a la vieja normalidad militarista. Fue el abandono y la traición hacia la vía civilista que el lopezobradorísmo alguna vez enarboló en sus campañas.
Aunque el decreto publicado la semana pasada, retomando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Alvarado, reitera que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; no tenemos indicios claros de que esas necesarias características sean ahora sí reales. La normalidad ha sido una participación castrense permanente, sin controles efectivos y cada vez más supresora del poder civil. El impune poder militar ha cambiado de nombres y uniformes, pero ahí sigue y quién sabe si se acabe en 2024 como se ha decretado.
Hablando de nuevos nombres a viejas formas, la ahora llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reitera que el más reciente decreto es parte de la “certeza jurídica” a la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Recordamos a un General Secretario del “viejo régimen” levantando ambas manos para exigir tal marco jurídico.
Tal como lo desea el presidente, no queremos que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal; el problema es que está empezando de la misma forma: con un gen militarista. Las policías civiles no han podido hacer frente efectivamente a la criminalidad y la violencia, no han cumplido una labor profesional como primeros respondientes, pero tampoco la milicia. Incluso las Fuerzas Armadas y las policías militarizadas han demostrado tener una mayor propensión a violar derechos humanos.
La militarización no data del gobierno de Calderón, sino al menos desde el autoritarismo contrainsurgente que, con militares, reprimió a estudiantes, masacró a disidentes en la guerra sucia y se involucró en la guerra contra las drogas (no la que inició en 2006 sino la que arrancó en los setenta de la mano de la injerencia norteamericana). El “pueblo uniformado”, particularmente su cúpula, sigue sin rendir cuentas por esos crímenes del pasado y por hechos recientes.
Se ve difícil que el poder militar rinda cuentas en el futuro inmediato, pues lo que se avizora es un tránsito de la militarización al militarismo. Es decir, el paso de la adopción de lógicas militares en el ejercicio de funciones del Estado, particularmente la seguridad pública, al posicionamiento de la cúpula militar en el bloque de poder. En un país donde la gran mayoría aprueba a sus Fuerzas Armadas, no se ve como anormalidad verlas construir un aeropuerto, administrar puertos y hospitales, ocuparse casi de cualquier función pública.
Prácticamente desde que somos nación independiente, lo normal en México es que la excepción sea la regla. El ideal liberal del Siglo XIX era construir una moderna policía civil que se ocupase de salvaguardar el orden público, la propiedad e integridad de los ciudadanos. Ese proyecto civilizador ha fracasado a lo largo de los años, con sus respectivos cambios de nombre. Ahora se llama Guardia Nacional.
Columnista: Edgar Baltazar Landeros es Director ad honorem de ILEPAZ A.C.
