En los últimos días han trascendido casos paradigmáticos de muertes de personas centroamericanas a manos de agentes del Estado mexicano. Tras ser asesinada por la policía de Tulum, los restos de Victoria Salazar llegaron a El Salvador este fin de semana. También recientemente fue velado el cuerpo del ciudadano guatemalteco Elvin Mazariegos, ejecutado por el Ejército Mexicano en Mazapa de Madero, Chiapas. En ambos casos, las autoridades mexicanas han detenido a los autores materiales de los hechos, que han merecido también pronunciamientos del propio presidente de la República y del secretario de la Defensa.
Las ejecuciones de Victoria y Elvin ocurrieron apenas un par de meses después de la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde 19 personas fueron asesinadas e incineradas. De estas, 16 eran migrantes originarios de Guatemala. La Fiscalía de Tamaulipas ordenó la detención de 12 policías como presuntos responsables de la masacre. Se atribuye la matanza a la disputa entre los cárteles del Noreste y del Golfo. El gobierno mexicano ha enfatizado que este caso no es otro “San Fernando” (masacre de 72 migrantes perpetrada por Los Zetas en 2010), pero el escenario de un territorio disputado por la delincuencia organizada y de fuerzas de seguridad locales subordinadas a ese poder de facto, sigue ahí.
Washington ha confirmado que atraviesa el alza más grande en 20 años, de migrantes arribando a su frontera sur. Mientras México, como lo hizo durante la administración Trump, continúa trabajando como bloque de contención al servicio de su vecino del norte. Entre el primero de enero y el 21 de marzo de este año, como lo ha confirmado el Instituto Nacional de Migración, México ha detenido a 31,492 personas migrantes, un 18% más respecto al mismo periodo de 2020.
El pasado 23 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con la ex embajadora de los Estados Unidos en México y actual Coordinadora para la Frontera Sur de la administración Biden. En el encuentro se confirmó el aumento significativo de la migración hacia los Estados Unidos y la necesidad de fortalecer el Plan de Desarrollo Integral para el Norte de Centroamérica. México continuará trabajando como policía migratoria al servicio de los EEUU, pero ha pedido mayor inversión en el desarrollo del sur de México y los países del llamado Triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Las exportaciones centroamericanas hacia los Estados Unidos se concentran sólo en algunos productos clave, como bananas (7 de cada 10 de las que importa EEUU) o la manufactura textil producida en condiciones de explotación en los países del Triángulo Norte. La principal exportación es la mano de obra. Los centroamericanos son el segundo grupo de inmigrantes en los EEUU, sólo debajo de México y arriba de China. Además de los motivos económicos, la población del norte de Centroamérica se desplaza también de forma forzada, escapando de la violencia. Los planes de desarrollo muy probablemente no mitigarán las razones estructurales, pero la asistencia económica emergente sí es importante, tanto como salvaguardar la integridad de las personas que migran.
Si bien más del 80% del comercio exterior de México está vinculado a los EEUU, bien valdría la pena mirar más al Centro del continente, a aquella región que representa un mercado de 50 millones de personas y con la cual compartimos un pasado común. En 1821, las provincias de la Capitanía General de Guatemala (incluidas Chiapas y Soconusco), no sin resistencias, fueron anexadas al Imperio de Iturbide. Ante la caída del Primer Imperio Mexicano, las provincias centroamericanas se unieron y en 1824 conformaron la República Federal del Centro de América (que duraría 14 años). Ese año Chiapas se unió a México; Soconusco lo haría hasta 1842 por medio de una intervención militar de Santa Anna. De hecho, el conflicto de límites entre México y Guatemala duraría varios años, hasta firmarse el Tratado de 1882.
Durante la primera mitad del siglo XX las relaciones entre México y Centroamérica fueron un tanto distantes, pero tomaron un rol preponderante en el gobierno de López Portillo, figurando aún en los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Primero ante el triunfo Sandinista en Nicaragua y después ante la intensificación de los conflictos armados en Guatemala y El Salvador, México fue un actor importante, desconociendo a Somoza en 1979, recibiendo a refugiados guatemaltecos en Chiapas, reconociendo -junto con Francia- a la guerrilla salvadoreña como fuerza política representativa desde 1981 y encabezando procesos de salida negociada a los conflictos mediante la conformación del Grupo Contadora en 1983. México jugaría también un rol activo en los procesos de negociación que culminarían con la firma de Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996.
Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña privilegiaron las labores de control migratorio en el contexto de planes fallidos que supuestamente impulsarían el desarrollo de la región. Así conocimos el Plan Pueblo Panamá, el Proyecto Mesoamérica y el Programa Frontera Sur. Si la 4T es distinta a eso, esperaríamos más cooperación y menos represión. El desarrollo del sur de México y Centroamérica difícilmente vendrá de la mano de la militarización de las fronteras, la criminalización de la población migrante y los casos de violencia estatal en su contra. La relación con la región implica reconocer, en primer lugar, que la vida de sus connacionales sí importa.
