El jueves pasado, el periódico digital El Faro, el medio con mayor prestigio en El Salvador, reveló que el régimen autoritario de los hermanos Bukele sostiene un pacto con las pandillas para mantener la reducción de homicidios y asegurar el triunfo electoral de su partido familiar, Nuevas Ideas, en las próximas elecciones legislativas de febrero de 2021.
El reportaje de El Faro se basa en documentos oficiales, como libros de novedades de centros penales y reportes de inteligencia. En estos se reconoce el encuentro entre palabreros del clan Bukele y líderes de la Mara Salvatrucha (MS13). Osiris Luna, político del partido ultraderechista GANA, quien ha recorrido México en avión privado patrocinado por empresarios dedicados a la videovigilancia, actualmente al frente de la Dirección de Centros Penales, es uno de los negociadores de la nueva tregua pandillera. Carlos Marroquín, un joven rapero y fanático religioso que ha ascendido vertiginosamente en la ranfla de los Bukele, es el Director de Reconstrucción del Tejido Social, un puesto inventado por el gobierno salvadoreño para dirigir, se suponía que secretamente, las negociaciones con las pandillas. Ambos corredores del Programa Bukele se caracterizan por su impericia argumentativa ante la prensa, pero son hábiles negociadores, artífices del milagro salvadoreño: la drástica reducción de homicidios. Mientras de enero a mayo de 2019 se cometieron 1,345 homicidios, en el mismo período de 2020 se cometieron 519.
De cuerdo con la investigación periodística, las maras han logrado gestionar beneficios como el acceso a comida chatarra, la remoción de custodios “agresivos” y la eliminación de la medida de mezclar a miembros de diferentes pandillas. Los enviados de los hermanos Bukele les han prometido además flexibilizar las condiciones carcelarias de máxima seguridad, derogar leyes y brindarles “beneficios” en caso de que el nuevo partido de la derecha salvadoreña triunfe en las próximas elecciones.
Antes de las revelaciones de El Faro, el gobierno salvadoreño se esforzaba en mantener una campaña propagandística de mano dura en contra de las pandillas. A finales de abril, ante un aumento en la violencia homicida, Bukele anunció medidas restrictivas en los centros penales y difundió imágenes humillantes de pandilleros semidesnudos y amontonados, mismas que le dieron la vuelta al mundo. Osiris, el de los viajes por los C-5 mexicanos, manifestó entonces, enérgico: “¡el Estado se respeta!”. Bukele sentenció en Twitter: “estarán adentros (sic), en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”. Se trataba, ahora se sabe, de otra de las campañas propagandísticas de los Bukele, montada con la asesoría de sus consejeros de la ultraderecha venezolana.
Pero los Bukele no son los primeros gobernantes salvadoreños en negociar con las pandillas. Antes lo hizo el primer gobierno del FMLN, encabezado por el periodista Mauricio Funes, actualmente prófugo de la justicia y protegido por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua. En 2012, el gobierno de “izquierda” negoció la reducción de homicidios a cambio de la flexibilización de las condiciones carcelarias. La tregua fue orquestada por el general David Munguía Payés, entonces Ministro de Seguridad, quien hoy se encuentra procesado. La negociación redujo la violencia homicida, pero empoderó a las pandillas, convirtiéndolas en un poderoso grupo político, capaz incluso de decidir el rumbo de las elecciones. Los homicidios pasaron de 4,371 en 2011 a 2,594 en 2012.
Antes de la elección presidencial de 2014, los entonces dos partidos principales, ARENA y FMLN, entablaron diálogos con los líderes pandilleriles para obtener apoyo electoral. Tales encuentros fueron grabados en video y existen procesos abiertos por ello. Esa elección la ganó Salvador Sánchez Cerén (FMLN), quien rompió el acuerdo con las pandillas, desatando la violencia homicida. En 2015, con 6,656 homicidios, El Salvador vivió su año más violento de la posguerra.
En 2015, Marroquín, quien en el mundo del hip hop se hace llamar Slipt, y Mario Durán, actualmente Ministro de Gobernación y a la vez candidato de Nuevas Ideas a la Alcaldía de San Salvador, fueron fotografiados por la policía cuando se reunieron con líderes de la MS-13. Ambos eran parte del gobierno de Bukele, cuando éste era alcalde capitalino.
La estrategia propagandística de Bukele se ha basado en el ataque sistemático a los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, a quienes llama “los mismos de siempre”. Acusándoles de pactar con las pandillas. Pocos días antes de tomarse la Asamblea con policías y militares fuertemente armados, el presidente millennial tuiteó: “Arena y FMLN son una basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo, Mil veces malditos”. Ahora, ante las irrefutables pruebas de su actual tregua, el gobierno de los Bukele niega categóricamente tener negociaciones malditas.
El Fiscal General ha dicho que investigará los hechos, pero los calificó como “rumores”. Slipt Marroquín reveló su poca afición a la lectura: “la nota es muy tendenciosa, ni la leí”. Además de que, en su opinión, los documentos oficiales presentados por El Faro no son “pruebas reales”, pues “no había fotos, audios, videos”. El gobierno salvadoreño no ha desmentido la autenticidad de los documentos y se ha limitado a organizar un tour para que los medios verifiquen que en las prisiones los pandilleros siguen igual de humillados y sin privilegios.
Si se comparan los homicidios ocurridos entre enero y agosto de 2019 con el mismo periodo de 2020, existe una reducción del 56%. El gobierno lo atribuía a un plan ultrasecreto denominado Control Territorial. El contenido del supuesto plan sigue sin hacerse público, lo que ya se conoce es que este gobierno está replicando una vieja práctica: pactar con el crimen mientras mantiene una puesta en escena de populismo punitivo.
