“ Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la obscuridad”, Alexis de Tocqueville. No fue hace mucho, pero sucedió que pasar de un régimen militar autoritario a uno democrático le llevó a México una revolución. La democratización del país nos llevó a dejar atrás a un presidente con facultades amplísimas y recursos ilimitados, así como un partido único y hegemónico que ordenaba la participación.
Al tiempo que se estableció como regla que para acceder al poder era necesario desterrar la violencia y el agandalle. A partir de esta etapa se cimentaron elementos democráticos como el derecho de votar y ser votado; la garantía de ejercer el voto de forma libre entre opciones; y que la construcción de decisiones se rija por el principio de mayoría. Además de garantizar legalmente la protección de los derechos civiles y políticos de las minorías (Bobbio). Si bien nuestro sistema democrático es perfectible, también lo es que sus procesos e instituciones han logrado la alternancia bajo el cumplimiento del Estado de derecho y, sobre todo, la resolución de conflictos por medio de canales institucionales. No obstante, a estos avances, hoy es cada vez más evidente que existen intereses irreconciliables entre el poder económico y el poder político que pondrán a prueba a las instituciones democráticas.
Más aún, de que existen tentativas mutuas de asaltos a la democracia. Basta recordar que, a casi un año de los resultados electorales de junio de 2019, en Baja California, cuando los principales medios de comunicación cubrían la renuncia del entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sucedió una afrenta antidemocrática casi imperceptible en primera instancia. En aquel momento, la vox populi se centró en reaccionar sobre los indicadores económicos y las señales que se mandaban a los mercados por la renuncia del titular de Hacienda. Sin embargo, en medio de ese boom informativo, se alcanzó a colar la nota sobre el verdadero problema, ocurrido el 9 de julio de ese año: “Con el respaldo de Morena y la mayoría panista, el Congreso de Baja California aprobó la modificación constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años”. Para decirlo de otra manera, una vez concluidas las elecciones para gobernador, donde solo participó el 29 por ciento de la ciudadanía (758 mil bajacalifornianos): 21 diputados locales tomaron “la iniciativa de votar” para modificar la constitución y así cambiar el sentido de la votación de la jornada electoral recién concluida; eliminando el derecho del sufragio efectivo de dos millones de ciudadanos (71% de la lista nominal) en los próximos cinco años.
El argumento principal de los diputados locales fue que “un periodo de dos años representará un gasto sustancial para el erario, en tanto que un periodo de cinco años beneficiará a la economía local”. Esta brutal acometida contra la democracia suma el descrédito que emprendió el gobernador Jaime Bonilla en contra del INE, así como la vergonzosa grabación del “yo no sabía” de la Secretaria de Gobernación, explicando del porqué su apoyo al Gobernador. Así como de las penosas consultas ciudadanas que se organizaron para ratificar la decisión de los 21 diputados. La historia de nuestra democracia está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; será el próximo 11 de mayo cuando resuelva, en medio de la pandemia, si este asalto se confabula como un agandalle para cambiar las reglas elementales del acceso al poder, dando paso al partido hegemónico y al poder supremo del Ejecutivo o nos reafirma que somos un país iluminado por nuestro pasado, negados por derecho a un régimen autoritario.
•Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204
