AMLO declaró terminada la llamada Guerra contra el Narco, también, de paso, el neoliberalismo en México. Sin embargo, ambos procesos parecen no haber desaparecido con la declaratoria presidencial. Recientemente, la periodista canadiense Dawn Marie Paley publicó el libro Guerra Neoliberal. Desaparición y búsqueda en el norte de México (Libertad bajo palabra, 2020). En dicha obra, Paley recupera la experiencia de búsqueda de personas desaparecidas por parte del Grupo Vida en Torreón. Su análisis rompe con el relato hegemónico de la llamada Guerra contra el Narco y desde una propositiva mirada política, la autora opta por el uso de dos categorías de análisis: Guerra Neoliberal y contrainsurgencia ampliada.
La autora propone denominar Guerra Neoliberal a la violencia conducida por el Estado en pro de la expansión del capital, el control de la mano de obra y las poblaciones descartables. El fin de esta guerra es mantener un orden de explotación en un contexto que, paradójicamente, se anuncia como “democrático”. Ubica que la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado de Guatemala en 1996 marcó el desenlace de la Guerra Fría en América Latina y, desde entonces, la guerra contra “las drogas” o el “crimen organizado” se apuntala como estrategia despolitizada (aparentemente sin ideología), abonando a la confusión sobre la identificación del nuevo enemigo interno.
Por contrainsurgencia ampliada, Paley entiende la articulación de tres aspectos: 1) la confusión de las relaciones entre actores armados, estatales y no estatales, perpetradores de la violencia, 2) la ampliación de la categoría insurgente, prescindiendo de insurgentes armados e incluyendo a amplios sectores sociales, y 3) la despolitización del homicidio (incluyendo la exhibición pública de cuerpos), el uso intensivo de la desaparición forzada y el encarcelamiento. Esta estrategia de guerra es funcional a la contención de las resistencias y a la profundización de procesos de despojo.
Si en verdad ese escenario de guerra se estuviese extinguiendo, como argumentan el presidente y sus más fieles seguidores, entonces se podría dar paso a procesos de justicia transicional propios de sociedades postconflicto. Pero la 4T está cada vez más alejada de esa alternativa, pues su apuesta es clara por la profundización del militarismo.
Hace un par de años, cuando aún se guardaba cierta esperanza en un aparente proceso de cambio, desde una perspectiva más técnica que política, el CIDE y la CNDH presentaron el Estudio para elaborar una propuesta de política pública de justicia transicional en México. En este, se justificaba que, ante la insuficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia para hacerle frente a la grave situación de violencia en el país, era factible impulsar una política de justicia transicional fundamentada en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La justicia transicional es una propuesta de mecanismos excepcionales que aparecen entre dos momentos socio-políticos. Pero en el caso mexicano es difícil ubicar una transición, sobre todo considerando que los actores de la violencia son, como bien enfatiza Paley, confusos, parte de un complejo entramado de intereses dentro y fuera del Estado. En su propuesta, el CIDE y la CNDH contemplaban, entre otras herramientas, las comisiones de la verdad, las fiscalías especializadas, amnistías, un programa de reparaciones y programas de desarme, desmovilización y reintegración.
Este tipo de propuestas son necesarias y bien intencionadas, sin embargo, las vigentes condiciones sociopolíticas juegan en su contra.
Como la guerra no convencional en contra de los pobres, las resistencias y las poblaciones descartables está aún en proceso, sería muy difícil implementar, por ejemplo, procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). El reconocido académico Ralph Sprenkels, fallecido recientemente, nos heredó un legado invaluable en materia de procesos de DDR, particularmente con profundas investigaciones sobre el caso del FMLN en El Salvador. El autor de After Insurgency (University of Notre Dame Press, 2018) prefería hablar de “reconversión” en lugar de “reintegración”. Demostró que los grupos insurgentes desmovilizados reconvertían sus formas de capital (social, militar, social y económico) para posicionarse sociopolíticamente en el campo de la posguerra. Las transiciones postconflicto, desde la óptica de Sprenkels, implican reacomodos que no necesariamente pueden calificarse como reinserción o reintegración, es decir, como cambios automáticos de la vida combatiente a la vida civil.
Para que pueda existir una reconversión posinsurgente como la que Sprenkels estudió en El Salvador, es necesario que el grupo insurgente esté identificado y que exista un proceso de transición de un momento histórico hacia otro. Convencionalmente, pasar de la guerra a la posguerra. Esas condiciones, a la luz del aporte de Dawn Marie Paley, no parecen estar aún muy claras para el caso mexicano.
