Las maras están construyendo el futuro en El Salvador. A partir de que el gobierno de Mauricio Funes les enseñó a negociar políticamente, las estructuras pandilleriles son capaces de hacer paros del transporte público, controlar territorios, construir fronteras y normas de facto, extraer renta de los habitantes y, sobre todo, activar o desactivar la palanca de la violencia homicida. Las maras son actores políticos, por eso los políticos en campaña se les acercan, les ofrecen dinero y políticas públicas. Ya hay videos y procesos penales sobre eso.
Nayib Bukele negoció con las pandillas cuando fue alcalde de San Salvador. Entonces, envió como emisarios a Mario Durán (actual Ministro de Gobernación y, al mismo tiempo, candidato en abierta campaña por la alcaldía capitalina) y a Carlos Marroquín, quien actualmente funge como Director de Reconstrucción del Tejido Social (una Dirección que creó Bukele para darle cabida a su negociador con las pandillas). En aquél entonces, logró implementar proyectos emblemáticos como la construcción del nuevo Mercado Cuscatlán (sobre el cual recientemente se han conocido irregularidades) y la remodelación del Centro Histórico de la capital. A cambio, las pandillas recibieron lugares privilegiados en el nuevo mercado. Todo esto consta en investigaciones de El Faro e InSigth Crime.
Siguiendo la misma lógica negociadora, ya como presidente, Nayib Bukele envió nuevamente a Carlos Marroquín para reunirse con las pandillas. El Faro, periódico digital salvadoreño con mayor prestigio internacional, reveló recientemente las reuniones de Marroquín y Osiris Luna, Director de Centros Penales, con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en diversas cárceles del país (investigación fundamentada en documentos oficiales de la inteligencia penitenciaria). El objeto de la nueva negociación es la reducción de la violencia homicida y el apoyo a Nuevas Ideas, partido de derecha fundado por Bukele, sus familiares, amigos y empleados.
Marroquín es conocido como Slipt en el mundo del hip hop salvadoreño. Es un joven rapero, fanático religioso, quien ha reconocido públicamente su poca afición por la lectura. El pasado miércoles, Slipt presentó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que beneficiará a 10mil jóvenes salvadoreños. Iniciativa impulsada por el gobierno de México por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en respuesta a la presión de Trump, a fin de intentar contener la migración centroamericana.
En el evento de presentación, Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno (quien es señalada por prácticas de nepotismo al colocar a varios de sus familiares en puestos públicos), comparó a este programa insignia de la 4T con el Plan Control Territorial del gobierno de Bukele. A pesar de que según las mediciones de la empresa de Roy Campos (asesor de Bukele en la campaña presidencial) es ampliamente aceptado por la población, el Plan no existe, no tiene versión pública alguna. El llamado Plan Control Territorial es una campaña propagandística a la que se le atribuye el descenso de los homicidios, que en realidad han bajado gracias a las negociaciones con las maras.
Fue en el marco de la campaña propagandística del dichoso Plan Control Territorial, que Bukele se tomó con policías y militares el Salón Azul de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año. Aquel día, el Consejo de Ministros del gobierno de Bukele había convocado a los diputados a una sesión extraordinaria a fin de aprobar fondos para el Plan fantasma. Dicha convocatoria, resolvió la Sala de lo Constitucional la semana pasada, fue inconstitucional. En su fallo, la Sala advierte a la Policía y al Ejército que su instrumentalización fue delictiva y recordó, además, que los límites al poder presidencial salvadoreño son conquistas democráticas ante una historia de dictaduras militares. La Sala reconoce riesgos de instauración de un “hiperpresidencialismo de facto” en El Salvador, además advierte que el predominio desmedido del órgano ejecutivo ha dado paso en América Latina al “autoritarismo de baja intensidad” que busca perpetuarse y ser inmune a la crítica. Y ya de paso, la Sala también le recuerda a Bukele que la Constitución no puede reformarse para permitir la reelección presidencial.
Aunque, también la semana pasada, el gobierno de Bukele no cesó en exhibir sus rasgos autoritarios. Un deslave ocurrido la noche del pasado jueves en el municipio de Nejapa arrojó un saldo de nueve personas fallecidas y 35 desaparecidas. Para hacer frente a la tragedia, el gobierno de Bukele hizo lo que mejor sabe: montó un show mediático. El ministro-candidato Mario Durán acudió a la zona acompañado de personal fuertemente armado para ser fotografiado mientras “auxiliaba” a la población. Lo acompañaba el director de la Policía Nacional Civil, quien le recordó efusivamente al alcalde del lugar que debía “comportarse” (es decir, no dialogar con Duran ni intervenir con el show bukeliano) ya que él, sí, el alcalde, “no era ninguna autoridad dentro del municipio”.
También en los últimos días, el gobierno salvadoreño insiste en negar el acceso a los archivos militares de la masacre de El Mozote, a pesar de las órdenes judiciales al respecto. En cambio, Bukele ha dado al juez del caso, fotocopias de archivos que ya habían compartido los gobiernos del FMLN. Permanece la campaña de desprestigio contra la prensa crítica, la militarización de municipios de Chalatenango y las acusaciones, sin pruebas, de supuestos vínculos de alcaldes opositores con cárteles de la droga.
Ese es el perfil de un gobierno apoyado por la 4T para el control migratorio exigido por Trump.
