El pasado jueves primero de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la conocida como “Lista Engel”. Un listado de 55 políticos, funcionarios y empresarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, identificados como corruptos y/o antidemocráticos. En diciembre de 2020, el aún congresista demócrata Eliot Engel (recientemente retirado), promovió la realización de la lista en el marco de la sección 253 de la Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. La iniciativa se enmarca en la cruzada de la administración Biden para contener la migración centroamericana, causada, entre otros factores, por la corrupción endémica en el istmo.
Las personas que aparecen en la lista negra del Departamento de Estado no podrán entrar a los Estados Unidos al menos durante lo próximos tres años, además de que, como amagó Ricardo Zúñiga, enviado de Biden para al Triángulo Norte, cabe la posibilidad de otras sanciones; además de la incorporación de nuevos nombres a la lista. De las 55 personas enlistadas 14 son de El Salvador (la mayoría vinculados a Nayib Bukele), 20 de Guatemala (incluyendo un ex presidente y altos funcionarios judiciales en funciones) y 21 de Honduras (incluyendo un ex presidente y una cantidad significativa de diputados). Además de la revocación de visas, la sanción de la lista es sobre todo moral. Los Estados Unidos visibilizan así una parte de la corrupción que corroe a países dentro de su área de influencia. La efectiva investigación y sanción de los personajes en sus respectivos países de origen es aún un pendiente previsiblemente improcedente.
La corrupción rampante en el gobierno autoritario del joven influencer Nayib Bukele no es una novedad. En este espacio se ha pasado revista por casos de corrupción y autoritarismo característicos de la particular dictadura millenial que azota al pequeño país centroamericano. Sólo que ahora, con la Lista Engel, la visibilidad internacional de la corrupción bukeliana es mayor. De los 14 salvadoreños de la lista negra cuatro son actualmente parte del gabinete de Bukele, dos lo fueron hasta hace muy poco y tres son aliados importantes del presidente tiktokero.
Al conocerse la lista, Bukele la desestimó. Trató de opacar la noticia con el anuncio del incremento del 20% al salario mínimo y con el aparatoso allanamiento de las instalaciones del partido ARENA por parte de la Fiscalía General y cuerpos especiales de la policía. Esto con la intención de recuperar diez millones de dólares que el expresidente (ya fallecido) Francisco Flores desvió en 2001 como parte de un donativo de Taiwán para las víctimas de los terremotos de aquel año. Bukele aseguró que él tiene su propia lista y que la del Departamento de Estado obedece a “puros motivos políticos”. Al momento, no ha anunciado ninguna medida relacionada con sus ministros que aparecen en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
A pesar de su vocación corrupta y autoritaria, ni el presidente salvadoreño Nayib Bukele ni el hondureño Juan Orlando Hernández aparecen en la lista. El primero se ha esforzado desmedidamente en socavar la débil democracia salvadoreña, con un intento de golpe de Estado al legislativo en febrero de 2020 y con un golpe perpetrado contra el judicial el pasado mayo. Hernández, por su parte, llegó a la presidencia por medio de un fraude electoral y ha sido señalado por la Fiscalía de Nueva York de financiar su carrera política con recursos del narcotráfico, aunque sin ser acusado formalmente.
En el caso de los enlistados de Honduras, destaca el expresidente Porfirio Lobo y su esposa Rosa Elena Bonilla. El primero acusado de recibir sobornos del cártel de Los Cachiros y la segunda de fraude y malversación de fondos. De los 21 hondureños de la lista, 15 son diputados en funciones. En la lista de Guatemala, destaca el expresidente Álvaro Colom señalado por fraude y malversación de fondos. Se acusa a un juez de la Corte Suprema de influir inapropiadamente en el nombramiento de jueces del tribunal supremo; también se señala a otro magistrado del máximo tribunal de seleccionar irregularmente a jueces. Igualmente, en el caso de Guatemala, destacan dos integrantes de la derechista Fundación Contra el Terrorismo, dedicada a la defensa de exmilitares genocidas y criminales de guerra.
En los tres países del llamado Triángulo Norte se esperaban más nombres en la Lista Engel. La injerencia norteamericana es clara, pero también lo es la prevaleciente corrupción en la región. La instauración autoritaria del autoritarismo en El Salvador es vigorosa, aprobada por las mayorías. En Guatemala la impunidad de los corruptos del presente y del pasado parece garantizada en la etapa post-CICIG, sobre todo desde un poder judicial capturado por la mafia política. En Honduras, la injerencia del crimen organizado y la captura de una parte significativa del legislativo, son agravantes a la cuestionada figura presidencial. Evidenciar a algunos actores corruptos y antidemocráticos, más que una advertencia del imperio, debiera ser un aliciente para la latente demanda ciudadana por la democratización y la justicia.
